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La Junta de Andalucía adelanta parte de la reforma fiscal para incentivar el mercado inmobiliario
La Junta de Andalucía adelanta parte de la reforma fiscal para incentivar el mercado inmobiliarioAdmin, contact@statushomes.com
El Gobierno andaluz confía en que la rebaja de impuestos reactive la economía y la recaudación no se vea afectada.
La aplicación de parte de las medidas fiscales contenidas en la futura Ley de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma Andaluza, presentada ayer en el Parlamento, no tendrá que esperar a la entrada en vigor de la norma, prevista para enero del año próximo. El Consejo de Gobierno aprobó este martes un decreto ley por el que adelanta las rebajas a la reducción del gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se prevé que tenga 275.000 beneficiarios.
Lo ha hecho, según ha explicado el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, para evitar que el anuncio de una rebaja que beneficiará a los compradores paralice el mercado inmobiliario en los meses que restan hasta la entrada en vigor de la norma. El decreto, que será derogado con la aprobación de la ley, consiste en la reducción del tipo de gravamen general aplicable a la transmisión de inmuebles y del que se aplica a los documentos notariales. Para la transmisión de un inmueble valorado en 180.000 euros entre dos particulares, el ahorro resultante de esta reducción será de 1.800 euros. La medida persigue el doble objetivo de impulsar la reactivación del sector inmobiliario, a través de un abaratamiento de la tributación vinculada a la adquisición de viviendas de segunda mano y, por el otro, de incentivar la oferta de obra nueva a precios más asequibles, mediante la reducción de los costes fiscales.
La puesta en marcha de esta medida permitirá, según las previsiones de la Junta, incentivar el mercado de compra venta de inmuebles, atraer nuevos inversores e incentivar el consumo. Todo ello, según las previsiones de la Junta, repercutirá en mayor recaudación en otras modalidades impositivas como IRPF al generarse mayor actividad económica y por IVA, al aumentarse los gastos en bienes de inversión relacionados con las adquisiciones de inmuebles.
Según está reflejado en la memoria de impacto económico que acompaña a la proposición de ley presentada de manera separada aunque en documentos idénticos por el PP y Ciudadanos por un lado y el PP y Vox, por el otro, la merma prevista en la recaudación por esta reducción fiscal está estimada en 254 millones de euros, cantidad que la Junta no sólo confía en compensar por las vías descritas sino en convertirla en un saldo favorable para las arcas públicas. Según el vicepresidente, Juan Marín, la experiencia de las anteriores rebajas fiscales impulsadas por el Gobierno andaluz demuestra que cada euro de reducción de impuestos genera entre dos y tres euros de crecimiento económico. Por ello, según Marín, no se prevé que el paquete de rebajas fiscales vaya a traducirse en recorte de gasto público.
Esta es la lógica que refleja la memoria de impacto económico de la ley, que estima en 329 millones de euros la merma directa de la recaudación por las medidas adoptadas. El Gobierno autonómico sostiene que esa potencial merma no se traducirá realmente en la recaudación, ya que las medidas actuarán como incentivadoras de la economía y acabarán generando más ingresos por la vía de un aumento en el número de contribuyentes y en la inversión.
Así, se explica que la reducción en la recaudación por las deducciones al tramo autonómico del IRPF incluidas en la nueva ley supondrán una merma de 31 millones de euros, cantidad que se podrá ver compensada con un ensanchamiento de las bases imponibles y la tributación en Andalucía de mayor número de contribuyentes, tal y como ocurrió con la reforma del año 2019, según sostiene el texto. «Con este conjunto de medidas se estima que no sólo se perderá recaudación, sino que se incrementará la misma», indica.
Lo mismo se asegura en relación a las rebajas introducidas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a las que también se les calcula un coste de 31 millones de euros, que se verán compensados, según los proponentes, con la atracción hacia Andalucía de un mayor número de contribuyentes y operaciones lucrativas.
